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La gravedad que devela la crisis de nuestra institucionalidad no puede pasar inadvertida para los colombianos, y la aplicación del Derecho, independientemente de quién sea el acusado, prima como principio básico, al considerar que todos hacemos parte de una comunidad para la cual la máxima universal de que es mejor exponerse a absolver a un hombre culpable que condenar a un inocente, reviste un absoluto valor social y como tal debe ser dimensionado, para su aplicación de manera efectiva; no hacerlo resulta intolerable e incompatible con un estado democrático de derecho.